Por AGEIA DENSI, Argentina1

En primer lugar, es preciso aclarar que desde esta Organización Académica , NO nos oponemos a la incorporación de la tecnología al proceso electoral, que –por cierto- desde hace muchísimos años viene produciéndose.

La informática se ha introducido en varios momentos de este proceso; antes del sufragio en la difusión de los padrones y en la logística de las elecciones; y finalizado éste, con la carga de los datos para el conteo de votos y la comunicación de los resultados. Lo que ha demostrado ser eficaz a la hora de agilizar la tarea.

Pero no es a estas acciones a las que se refiere comúnmente el concepto usualmente utilizado de “voto electrónico”. Por el contrario, el voto electrónico es el que se realizaría por el contacto directo entre el elector y un dispositivo electrónico que, en un mismo momento, recibe la voluntad de éste y la registra en una memoria interna, también electrónica.

A este tipo de votación, con una “urna electrónica”, se le atribuyen innumerables NO demostradas ventajas: rapidez, transparencia, eficiencia, y la supuesta capacidad para revertir viejos vicios y defectos del sistema tradicional de votación.

Lamentablemente y desde una posición estrictamente Académica y estudiosa de la materia, nos vemos en la obligación de decir que la mayoría de los especialistas en el tema, manifiestan la existencia de muchas más críticas y objeciones, que ventajas.

Lo que sucede es que ellos (los estudiosos, los que saben, los académicos) no son escuchados (prevalece el ruido de quienes tienen mas efectivo y con ello la posibilidad de llenar mas líneas de publicidad paga en los medios de prensa) , o sus opiniones son minimizadas hasta el punto de hacernos creer que implementar el Voto Electrónico sólo redunda en beneficios para la ciudadanía.

He aquí algunas ideas sobre por qué NO al Voto Electrónico, al menos por ahora y en el estado actual de la tecnología.

Porque no existe ningún político, ningún técnico, ninguna empresa y ningún ciudadano común que nos pueda garantizar la TRANSPARENCIA en el/ del proceso. Cualquier persona sin conocimientos informáticos que quiera verificar el estado y correcto funcionamiento de una urna electrónica está incapacitado para hacerlo por carecer del conocimiento adecuado para tal fin, con lo cual a priori y a poco de andar, encontramos un argumento muy importante en su contra: quitarnos a los ciudadanos comunes el derecho de auditar el proceso del sufragio.

Porque aún cuando contemos con personas con conocimientos informáticos dispuestos a auditar las urnas electrónicas, es imposible que los mismos puedan garantizarnos que ese programa se va a comportar de la misma manera en todas las terminales instaladas para emitir el voto, y esto por que TODOS los programas (software) son vulnerables a fallos. Y lo que es peor aún, tampoco pueden garantizarnos que, funcionando el programa eficientemente durante el acto de verificación, luego no haya sido adulterado para logar determinados resultados.

Porque aún contando con personas especialistas encargadas de auditar el proceso eleccionario para garantizarnos la transparencia del mismo, corremos el riesgo de afectar uno de los pilares del sufragio consagrado constitucionalmente: el VOTO SECRETO.

Porque capacitar a todas las personas que intervienen en el acto de votar, es un proceso que lleva tiempo, mucho tiempo. Pensemos no sólo en las personas que forman parte del Padrón Electoral como aquellas que van el día de la elección y emiten su voto, sino también en todas aquellas que intervienen como Autoridades de Mesas. Porque la primera reacción a los cambios, sobre todo de personas mayores (e inmigrantes digitales) es el rechazo a aprender la “nueva forma de votar”, y el temor a ejercer este derecho, sobre todo si incluye herramientas tecnológicas, lo cual podría ocasionar votos anulados, votos impugnados, votos en blancos, o directamente la inasistencia al acto de votar, desviando la finalidad de todo proceso eleccionario, que es que la voluntad popular elija a sus representantes. Tampoco consideramos el voto a distancia.

Porque económicamente NO reduce costos. No sólo se necesita contratar a empresas que brinden servicios para tal fin (cumpliendo con todos los mecanismos previstos para las contrataciones de servicios públicos) sino que además se debe garantizar la inviolabilidad y adecuación de todos los recintos donde se realizan las votaciones, ya que también puede existir la posibilidad de alterar el programa desde afuera del mismo con simples equipos y con algún tipo de conocimiento en el tema.

Y aún más, también se debería tener en cuenta que en ningún momento desde que se abren las votaciones hasta que se cierran, puede haber cortes de energía eléctrica, lo que también se debe incluir entre los costos, equipos adecuados para dotar de electricidad a todas las terminales de todos los recintos donde se llevan a cabo las elecciones.

Porque al momento de reglamentar el Voto Electrónico y elegir la empresa que vaya a brindar dicho servicio, cumpliendo todo el proceso previsto para la contratación de servicios públicos, se debe tener en cuenta si el software que va a utilizar esa empresa en la Urna Electrónica, es un software libre o propietario / privativo. Si fuera de este último tipo, corremos (toda la sociedad) el riesgo de quedar cautivos de sus aplicaciones, ya que no va a estar disponible para el Estado, y mucho menos para cualquier simple ciudadano, el código fuente de dicho programa, volviendo a cerrarse el círculo e impidiendo la posibilidad de auditoría para garantizar la transparencia.

Porque experiencias en otros países nos demuestran que las urnas electrónicas FALLARON; hay sentencias de jueces que determinaron que hubo elecciones que no se pudieron considerar actos públicos porque personas sin conocimientos técnicos especiales no pudieron auditar el correcto funcionamiento de la urna; hay urnas electrónicas que se descertificaron por no funcionar correctamente; hay países que no contemplaron una estructura adecuada para la conservación e inviolabilidad de las urnas electrónicas. Mientras que en Argentina, y más precisamente en Córdoba, estamos queriendo implementar modelos foráneos cuestionados en sus países de origen y que volvieron (algunos de ellos), al voto en papel.

Luego de analizar muchas opiniones entendemos que el problema de fondo es un problema social, no es una cuestión de tecnologías. Seguimos necesitando resolver muchos problemas sociales, culturales, educativos. La tecnología es una herramienta que debe estar a nuestro servicio, claro, siempre que previamente tengamos resueltos estos problemas estructurales.

Nos surgen muchos interrogantes que esperemos que nuestros representantes, elegidos con voto en papel, puedan respondernos.

¿Por qué tanto apuro por implementar en Córdoba el Voto Electrónico cuando los especialistas están advirtiendo que los plazos previstos para el mismo son muy cortos? ¿Por qué aún no se implementaron las últimas reformas en la Ley Electoral Provincial y ya están pretendiendo hacer una modificación tan importante como esta? ¿No afecta la seguridad jurídica de nuestra provincia? ¿Por qué no escuchar la opinión de los especialistas en el tema? ¿Por qué no escuchar a los ciudadanos? ¿Por qué no dar cabida a otras alternativas para eficientizar el proceso electoral?

Nosotros dejamos de preocuparnos y comenzamos a OCUPARNOS.

  1.  El Voto Electrónico NO da transparencia ni seguridad, no es más barato y tampoco más eficiente, AGEIA DENSI .ar (Asociación Grupo de Estudio e Investigación Académica en Derecho Economía y Negocios en la Sociedad de la Información), miembro de ADIAR (Asociación de Derecho Informatico de Argentina) y FIADI (Federación Internacional de Abogados de Derecho Informatico) []

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